Juan Antonio Jiménez: “Construimos hoy una industria legal que garantice el futuro de Canarias”

El medio de comunicación «Tribuna de Canarias» entrevista al presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, que defiende un proyecto estratégico que ya ha permitido regularizar a cientos de empresas, acercar los oficios industriales a la juventud y reforzar la confianza de la ciudadanía en un sector clave para la economía: «Apuesta por la Industria Legal», una iniciativa de Femete y Femepa que subvenciona la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.

-El proyecto “Apuesta por la Industria Legal” surge en un contexto de preocupación por la economía sumergida en el sector industrial. Señor Jiménez, ¿cómo nace esta iniciativa y qué necesidades específicas del sector industrial en Canarias busca atender?

–“Apuesta por la Industria Legal”, que está subvencionado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, nace como una respuesta directa a una realidad que desde hace años venimos detectando en el sector industrial de Canarias: la existencia de una economía sumergida que perjudica tanto a las empresas que cumplen como a la ciudadanía en general. Desde Femete y Femepa, entendimos que no bastaba con denunciar esta situación, sino que era necesario actuar con una estrategia estructurada, proactiva y pedagógica.

Este proyecto surge, por tanto, de la necesidad de dignificar el tejido industrial, de reforzar la competitividad de las empresas legales y de generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento normativo. La economía sumergida no solo distorsiona el mercado, sino que también pone en riesgo la seguridad de las personas, reduce la calidad de los servicios y limita la creación de empleo estable y cualificado.

En este contexto, la plataforma YoSoyLegal.es se configura como una herramienta clave: un punto de encuentro entre empresas, profesionales y ciudadanía, que permite identificar y poner en valor a quienes trabajan conforme a la legalidad. Además, responde a una necesidad muy concreta: acompañar a las empresas en su proceso de regularización y mejora continua, facilitándoles asesoramiento técnico y administrativo.

El proyecto también busca atender otra necesidad fundamental: la falta de personal cualificado en los oficios industriales. Apostar por la legalidad es también apostar por la profesionalización, la formación y la excelencia en el servicio.

-La legalidad empresarial es clave para la competitividad y la sostenibilidad del tejido productivo. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de “Apuesta por la Industria Legal” y qué metas persigue a medio plazo?

-Los objetivos del proyecto son claros y están alineados con una visión de futuro para el sector industrial en Canarias. En primer lugar, queremos poner en valor a las empresas y profesiones industriales como pilares del desarrollo económico y sostenible del Archipiélago. La industria no solo genera riqueza, sino que también aporta estabilidad, innovación y cohesión social.

En segundo lugar, buscamos concienciar a la ciudadanía —especialmente a la infancia y a la juventud— sobre la importancia de la formación en oficios industriales. Existe una alta demanda de profesionales cualificados que actualmente no está siendo cubierta, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad.

El tercer gran objetivo es combatir la economía sumergida. Y lo hacemos no solo desde la denuncia, sino desde la acción: acompañando a las empresas, facilitando su regularización y ofreciendo herramientas como la plataforma YoSoyLegal.es, que permite visibilizar a quienes cumplen con la normativa.

A medio plazo, nuestras metas pasan por consolidar una red sólida de empresas y profesionales legales, aumentar el número de personas trabajadoras cualificadas en oficios industriales y reducir significativamente los niveles de economía sumergida en el sector. Queremos que la legalidad sea la norma, no la excepción.

–La industria legal influye directamente en la calidad del empleo y en el desarrollo económico. ¿De qué manera contribuye este proyecto al crecimiento sostenible y a la generación de empleo cualificado en Canarias?

-La relación entre legalidad y calidad del empleo es directa. Las empresas que cumplen con la normativa ofrecen mejores condiciones laborales, mayor estabilidad y más oportunidades de formación y desarrollo profesional. Esto se traduce en empleo cualificado, en talento que se queda en las islas y en un tejido productivo más fuerte y resiliente.

“Apuesta por la Industria Legal” contribuye a este crecimiento sostenible de varias maneras. Por un lado, facilita la regularización de empresas que operaban al margen de la normativa, integrándolas en el sistema formal. Por otro, promueve la mejora continua de las empresas ya legalizadas, impulsando estándares de calidad, seguridad y profesionalización.

Los datos del proyecto son muy reveladores: se han visitado 1.577 empresas, se han realizado 8.694 trámites —de los cuales 5.847 ya están finalizados— y 247 empresas han pasado de una situación irregular a cumplir con la legalidad. Además, se han llevado a cabo 469 cambios o modificaciones para adaptarse a la normativa vigente.

Estos resultados tienen un impacto directo en la economía: más empresas legales implican más empleo estable, más cotizaciones, más seguridad y más confianza en el mercado.

-El proyecto también pone el foco en acercar los oficios industriales a la juventud. ¿Qué acciones recientes se han desarrollado para promocionar estos oficios entre jóvenes y menores, y qué acogida han tenido?

-Uno de los pilares del proyecto es precisamente despertar vocaciones tempranas. En este sentido, hemos desarrollado acciones muy concretas y cercanas, como el reciente encuentro con alumnado de Quinto y Sexto de Primaria del CEIP Montaña Pacho, en La Laguna.

Fue una experiencia especialmente enriquecedora. Representantes de distintos sectores industriales —automoción, electricidad, telecomunicaciones, informática, fontanería o reparaciones navales— explicaron de forma didáctica en qué consisten profesiones como mecánico/a, electricista, soldador/a, fontanero/a o informático/a. Pero, más allá de la explicación técnica, lo importante fue la interacción con el alumnado, su curiosidad, sus preguntas y su entusiasmo.

El objetivo era claro: sembrar vocaciones, mostrar que estos oficios tienen futuro y transmitir orgullo por unas profesiones esenciales para la vida cotidiana. La acogida fue excelente, tanto por parte del alumnado como del profesorado y las instituciones presentes.

Necesitamos que la infancia y la juventud entiendan que la formación técnica y profesional es una vía de éxito. Hoy en día, las empresas industriales demandan personal cualificado que no encuentran en número suficiente. Por eso, iniciativas como esta son fundamentales para garantizar el relevo generacional.

-La plataforma incluye un canal para comunicar posibles irregularidades. ¿Cómo funciona este canal de denuncia y qué garantías ofrece a quienes deciden utilizarlo?

-El canal de comunicación de irregularidades es una herramienta clave dentro de la plataforma YoSoyLegal.es. Su objetivo no es fomentar la confrontación, sino contribuir a la transparencia y al cumplimiento de la legalidad en el sector.

El funcionamiento es sencillo: cualquier persona puede comunicar de forma confidencial posibles situaciones de economía sumergida o incumplimiento normativo. Esta información es gestionada por el equipo técnico del proyecto, que analiza cada caso y actúa en consecuencia, siempre desde un enfoque constructivo.

Las garantías son fundamentales. Se protege la confidencialidad de quien comunica la irregularidad y se garantiza un tratamiento riguroso de la información. No se trata de señalar, sino de corregir y mejorar.

De hecho, muchos de los casos detectados han derivado en procesos de regularización. Se han realizado 959 trámites a empresas con alguna ilegalidad detectada y 224 visitas a empresas en situación de economía sumergida. El objetivo final es siempre el mismo: ayudar a que esas empresas se integren en la legalidad.

-La legalidad empresarial está vinculada a la seguridad y calidad de los servicios. ¿Qué beneficios concretos aporta a la ciudadanía apostar por empresas industriales que cumplen con la normativa?

-Apostar por empresas legales es, ante todo, apostar por la seguridad. Es trabajar con profesionales cualificados y empresas que cumplen con la normativa es una garantía para las personas. La legalidad implica que se utilizan materiales homologados, que se siguen protocolos de seguridad, que se cuenta con personal formado y que existe responsabilidad en caso de incidencias. Esto se traduce en servicios de mayor calidad, durabilidad y fiabilidad.

Además, tiene un impacto social y económico. Las empresas legales contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar a través de impuestos y cotizaciones, generan empleo digno y fomentan un entorno competitivo justo.

La ciudadanía también gana en confianza. Saber que una empresa forma parte de la plataforma YoSoyLegal.es es un sello de garantía, una referencia clara de que está comprometida con la legalidad, la calidad y la seguridad.

-El fortalecimiento del sector requiere compromiso y colaboración. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria legal en Canarias y qué mensaje le gustaría trasladar a empresas y ciudadanos?

-El principal desafío sigue siendo la economía sumergida, que continúa afectando a la competitividad del sector. Pero no es el único. También nos enfrentamos a la falta de personal cualificado, al relevo generacional y a la necesidad de adaptación a los cambios tecnológicos y normativos.

En este contexto, el compromiso y la colaboración son esenciales. Las administraciones públicas, las organizaciones empresariales, los centros educativos y la propia ciudadanía deben trabajar de forma coordinada.

A las empresas les diría que apostar por la legalidad no es una carga, sino una inversión en futuro. Es la base para crecer, innovar y competir en igualdad de condiciones.

Y a la ciudadanía, que valore y apoye a las empresas que cumplen. Cada decisión de consumo cuenta. Elegir una empresa legal es apostar por la seguridad, la calidad y el desarrollo económico de Canarias.

En definitiva, “Apuesta por la Industria Legal” no es solo un proyecto: es una llamada a la responsabilidad colectiva. Porque una industria fuerte, legal y cualificada es clave para construir el presente y el futuro de nuestras islas.