Canarias activa un paquete de medidas fiscales y ayudas directas

El decreto ley aprobado por el Gobierno autonómico incluye rebajas fiscales en energía y productos básicos, apoyo a autónomos y sectores estratégicos, con un impacto estimado de hasta 60 millones de euros anuales.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que establece un conjunto de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo dirigidas a paliar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio. Esta iniciativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y deberá ser convalidada por el Parlamento regional, busca adaptar al contexto del archipiélago las medidas estatales recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, teniendo en cuenta las singularidades de su régimen fiscal.

El paquete de actuaciones responde a la necesidad de reforzar el escudo socioeconómico en un territorio especialmente vulnerable por su condición de región ultraperiférica. El coste estimado inicial asciende a 29,8 millones de euros, aunque podría alcanzar los 60 millones anuales si se prolonga la situación de crisis.

Entre las principales medidas destaca la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluidos los combustibles derivados del petróleo, el gas, la biomasa y la leña, con el objetivo de contener el incremento de precios y aliviar el coste tanto para las familias como para las empresas. Asimismo, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, dos de los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía.

El decreto también amplía la lista de productos básicos que tributan al 0% de IGIC, incorporando alimentos como la sal, la mantequilla y el café, en una medida orientada a aliviar la presión sobre el consumo doméstico.

En el ámbito empresarial, se contempla un apoyo específico a los autónomos mediante la elevación hasta los 50.000 euros del límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC. Esta medida permitirá reducir cargas fiscales y administrativas, facilitando la actividad de miles de profesionales en las islas.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias habilita una partida extraordinaria para respaldar al sector industrial y al primario, con una dotación adicional de 7,2 millones de euros destinada a compensar el aumento de los costes energéticos y de producción.

Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que este decreto ley ofrece una respuesta inmediata y adaptada a la realidad canaria en un contexto de elevada incertidumbre internacional. Asimismo, se insiste en la importancia de que futuras medidas estatales incorporen una “cláusula canaria” que permita ajustar las políticas públicas a las condiciones específicas del archipiélago.

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