Reclamación al Ministerio para que amplíe los plazos para ejecutar los fondos Next Generation

El Cabildo de Gran Canaria, junto a ayuntamientos, comunidades energéticas ciudadanas e industriales, organizaciones empresariales como Femete y Femepa, así como empresas de sectores estratégicos del Archipiélago, han solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la ampliación urgente de los plazos de ejecución y justificación de las ayudas vinculadas al Programa Energía Sostenible en Islas, financiado con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La petición ha sido trasladada mediante una carta dirigida a la ministra Sara Aagesen Muñoz y firmada por representantes institucionales y del tejido económico y social canario.

Durante la rueda de prensa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria explicó que la situación actual compromete gravemente la ejecución de proyectos estratégicos ya concedidos y, en muchos casos, en fase avanzada de desarrollo. “Hoy no comparecemos solos. Estamos acompañados de ayuntamientos, comunidades energéticas, empresas y organizaciones empresariales porque este no es un problema institucional, es un problema que afecta al conjunto de la sociedad grancanaria y al conjunto del Archipiélago”, señaló.

Un sistema eléctrico frágil y singular

El presidente recordó que Canarias es un sistema eléctrico aislado, sin interconexión con la Península, con sobrecostes estructurales reconocidos en el sistema eléctrico nacional que superan los 800 millones de euros y con un régimen retributivo específico vigente hasta 2029. “Acelerar la implantación de energías renovables en Canarias no es una reivindicación territorial, es una decisión económicamente racional para el conjunto del país. Cada megavatio renovable que instalamos reduce combustible importado, reduce vulnerabilidad geopolítica, reduce emisiones y reduce costes estructurales que paga todo el sistema eléctrico español”, afirmó.

En este contexto, el Programa Energía Sostenible en Islas fue concebido para atender la singularidad insular. Sin embargo, la compresión efectiva de los plazos —derivada de retrasos en convocatorias y resoluciones— ha generado un escenario de inviabilidad material para numerosos proyectos.

Más de 100 millones en riesgo en Gran Canaria

Canarias cuenta con una inversión total prevista de 301 millones de euros y 828 solicitudes registradas, de las cuales 356 proyectos se desarrollan en Gran Canaria, concentrando el 40% de las actuaciones concedidas en el Archipiélago. El presidente alertó de que en la isla podrían perderse más de 100 millones de euros en proyectos de generación renovable y almacenamiento, incluidos más de 30 millones en actuaciones públicas insulares ya licitadas o en ejecución. Además, más de 25,5 megavatios de potencia renovable adjudicada podrían no incorporarse al sistema en plazo.

“Estamos hablando de contratos firmados, suministros activados y recursos propios ya movilizados. Si no se amplían los plazos, no solo se pierde la subvención, se pone en riesgo inversión privada, se genera inseguridad jurídica y se deteriora la confianza empresarial en el marco de apoyo público a la transición energética”, subrayó.

Sectores estratégicos como el agroalimentario, el industrial, el ciclo integral del agua, el turístico y el logístico han comprometido inversiones significativas para reducir su dependencia energética mediante instalaciones de autoconsumo y almacenamiento asociadas a estas ayudas. Especial preocupación generan las ayudas a la descarbonización, cuyos plazos efectivos de ejecución y certificación se limitan a tres o cuatro meses, un margen considerado objetivamente insuficiente para proyectos que requieren contratación pública, suministro de equipos, obra civil, instalación, legalización y certificación técnica.

Una solución jurídicamente viable

El Cabildo defiende que la ampliación es jurídicamente posible, ya que el propio Estado ha aplicado mecanismos similares en convocatorias gestionadas directamente por el IDAE, permitiendo que el hito relevante sea la concesión formal y el compromiso del gasto dentro del plazo, posibilitando la ejecución material posterior.

“No estamos pidiendo privilegios ni cambiar las reglas europeas. Pedimos coherencia. Pedimos que se aplique el mismo criterio que ya se ha aplicado en otras convocatorias estatales. No ampliar los plazos no sería una imposibilidad jurídica, sería una decisión política con consecuencias reales para nuestra tierra”, afirmó el presidente.

Asimismo, recordó que Canarias es una región ultraperiférica con mayores condicionantes estructurales, costes logísticos y tiempos de suministro, por lo que resulta imprescindible adaptar los calendarios a su realidad administrativa y territorial.

“El Cabildo ha cumplido, han cumplido los ayuntamientos, han cumplido las empresas y las comunidades energéticas. Ahora corresponde al Ministerio demostrar que entiende la singularidad insular. Lo que está en juego no es solo una subvención concreta, es la credibilidad de la transición energética en Canarias”, concluyó.

Posición del sector empresarial

Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, realizó un llamamiento urgente para lograr el aplazamiento de los plazos, advirtiendo de que una paralización de los proyectos ya iniciados supondría una situación “dramática” para las empresas que han invertido tiempo, recursos y materiales. Subrayó que “detener ahora estas actuaciones supondría una pérdida económica fundamental y volvería a paralizar al sector de las renovables en Canarias, insistiendo en la necesidad de una ampliación mínima de 12 meses que permita culminar el mayor número posible de proyectos”.

En la misma línea, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, advirtió de que el actual calendario hace inviable la ejecución de obras de gran envergadura. “Desde la parte empresarial vemos cómo muchísimas de estas inversiones estratégicas para Canarias se van a perder si no se amplían los plazos. Aproximadamente un 70% de las inversiones podrían quedar sin ejecutar si no se concede una prórroga mínima de 12 meses”, señaló.

Las entidades firmantes han solicitado una reunión técnica e institucional urgente con el Ministerio para trasladar en detalle la situación y explorar soluciones que garanticen la ejecución efectiva de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos del PRTR en Canarias.